TAPA DIARIO UNO

Ballestena Senador


 

PIDEN INVESTIGAR A STRATTA POR UNA LICITACIÓN PARA FRAZADAS

b_450_400_16777215_00_images_junio_frazadas.jpgEl abogado massista Carlos Guillermo Reggiardo solicitó al Procurador General de la provincia, Jorge García, que investigue a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, a raíz del decreto firmado junto al gobernador Gustavo Bordet, en el que se dejó de aplicar lo establecido en una acordada del Tribunal de Cuentas (284/2016) de octubre de 2016, que habilitó la intervención del organismo de control en los trámites de contrataciones de “alta significación económica” que realice el Estado.

Fue en el caso de la contratación de una empresa -que ganó una licitación pública- para proveer 30.000 kilos de tela polar para confeccionar frazadas y abrigos. El monto del contrato fue de $6.996.000.

A la licitación se presentaron tres firmas: Litoral Textil, Ramar-com y Compañía Comercial Mayorista. La compra se adjudicó a esta última. Disconforme con el resultado, la empresa Ramar-com interpuso un recurso de revocatoria porque entendía que ofrecía las telas a menor precio. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social rechazó la acción, pero el Tribunal de Cuentas consideró que la contratación causaría al Estado un perjuicio cercano al 1,5 millón de pesos.

El contrato fue suspendido transitoriamente el 26 de septiembre de 2016 mediante el decreto Nº 2789/16, y para la decisión se tomó en cuenta el informe del cuerpo de auditores y del Fiscal Nº 6 del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la Secretaría de Legal y Técnica de la provincia intervino y emitió un extenso dictamen en el que solicitó al Poder Ejecutivo que deje sin efecto la acordada 284/2016 del Tribunal de Cuentas que habilitaba al organismo a intervenir en los trámites denominados de “alta significación económica”.

El Poder Ejecutivo acompañó en todos sus términos el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica y dejó sin efecto la suspensión del contrato con la firma Compañía Comercial Mayorista; ordenó la continuidad del mismo, y dispuso no aplicar las disposiciones de la acordada 284/2016. Por último, instruyó a los ministerios de Gobierno y de Economía que elaboren un proyecto de ley en el que se precise “cuándo una contratación del Estado debe ser considerada dentro del concepto de alta significación económica”.

El decreto del Ejecutivo que le quita un control al Tribunal de Cuentas fue rechazado por la oposición, principalmente por diputados de Cambiemos, que incluso exigieron explicaciones a través de un pedido de informes.

El pasado 29 de mayo el caso llegó a las puertas del Ministerio Público Fiscal a través del abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo, quien pidió al Procurador General Jorge García que instruya una investigación para conocer si hubo un perjuicio al Estado al contratar una empresa que ofreció telas a mayor precio y, además, si en el caso existió un abuso de autoridad por parte de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, u otros delitos como negociaciones incompatibles.

El letrado acompañó su presentación con una copia de la nota de la revista Análisis, publicación que dio a conocer lo sucedido con el decreto del Poder Ejecutivo que dejó sin efecto un control del Tribunal de Cuentas, en lo que tiene que ver con contrataciones de “alta significación económica”.

En su escrito dirigido al Procurador García, Reggiardo señaló: “Que sabiendo de su interés por los casos de corrupción que publica la revista Análisis, este que es de gravedad y donde hay un perjuicio para el Estado de más de 1,5 millones de pesos, corresponde tal como en otros casos instruir a un fiscal el inicio de una causa para averiguar si efectivamente se perjudicó al Estado, y si hubo delito de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función, etc”.

Asimismo, abogado solicitó que se allane el ministerio de Desarrollo Social, a cargo Laura Stratta, “para hacerse de la documentación de las contrataciones, y solicitar informes e intervención del Tribunal de Cuentas, porque independientemente de la constitucionalidad o de la acordada, se está perdiendo de vista el perjuicio al Estado entrerriano en una suma millonaria, y la firma de la ministra refrendando un DEC (SIC) que deja sin efecto un control sobre una contratación realizada bajo su órbita, y que por culpa o dolo se perjudicó al Estado, y además se debe de saber si esto es una constante o es un hecho aislado que le significó una pérdida al Estado de muchísimo dinero, siendo que por 20 mts. en Mercado Libre esa tela cuesta no menos de 150 pesos el kilo y acá por 30000 se pagó más de $250”.

 

 

SANTA ELENA DIGITAL -. / Entre Ríos Ahora