A pocos días del inicio del proceso de remisión a juicio de la megacausa conocida como “Contratos Truchos” en la Legislatura de Entre Ríos, la Justicia fijó una audiencia preliminar para ordenar el calendario de audiencias que se extenderá, según lo previsto, durante cinco meses. La resolución fue firmada por la jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Electra Barbagelata, quien convocó a fiscales y abogados defensores para el miércoles 9 de abril a las 9:00, en el Salón de Audiencias N°1.
La novedad fue notificada este lunes a los fiscales del Ministerio Público Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, así como a los más de veinte abogados defensores particulares, que representan a 32 imputados en la causa.
En un principio, el Poder Judicial había fijado la remisión a juicio en solo tres jornadas: los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024. Sin embargo, el proceso se reprogramó para desarrollarse entre el 22 de abril y el 13 de septiembre de este año, dada la complejidad del expediente y la gran cantidad de acusados, pruebas y partes involucradas.
La investigación penal —abierta en 2018— abarca el período entre 2008 y 2018, y tiene por objeto determinar un esquema de defraudación al Estado a través de contrataciones fraudulentas en ambas Cámaras legislativas. El supuesto mecanismo habría consistido en la celebración de contratos ficticios con personas que no prestaban servicios reales pero cuyos nombres eran utilizados para canalizar fondos públicos hacia fines particulares.
Según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, los hechos configurarían los delitos de asociación ilícita, peculado reiterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio estimado al erario público alcanzaría los $4.961.988.609, según la actualización realizada en 2021 por el perito oficial del Ministerio Público, Héctor Enrique.
La causa quedó paralizada durante un tiempo por un conflicto de competencia entre la Justicia ordinaria y el fuero federal. Algunos defensores habían planteado que el caso debía ser analizado por la Justicia Electoral Federal, al sostener que los fondos públicos sustraídos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas. No obstante, la jueza Barbagelata rechazó ese planteo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó su competencia ordinaria en marzo pasado, permitiendo retomar el proceso.
Son 32 los imputados en la causa :
Flavia Marcela Beckman
Hugo Rubén Mena
Esteban Ángel Scialocomo
María Victoria Ávarez
Alfredo Bilbao
Gustavo Hernán Pérez
Roberto Ariel Faure
Verónica Caíno
Ángel Rubén Ferreyra
Fernando Gastón Sarnaglia
María Jazmín Mena Giovenni
María Macarena Álvarez
Andrea Noemí Beatriz Demartin
Sergio Esteban Cardoso
Alejandro Luis José Almada
Juan Pablo Aguilera
Diego Martín Pagnoni
Mariano Speroni
Hernán Javier Díaz
Marta Aurora Pérez
Maximiliano Degani
Pedro Eduardo Opromolla
Guido Daniel Karpp
Renato Jesús Mansilla
Juan Domingo Orabona
Jorge Enrique De Breuil
Héctor Gustavo Falco
Jorge Fabián Lazzaro
Nicolás Beber
Jorge Pablo Balladares
José Javier Schneider
Viviana Giselle Mena Gioveni
En un escrito de más de 500 páginas, los fiscales Yedro y Aramberry detallan cómo se habría estructurado una organización delictiva que operaba desde el interior del Poder Legislativo. Según sostienen, el grupo se valía de una red jerárquica para llevar adelante una maniobra sistemática de desvío de fondos públicos, con contratos simulados, facturación apócrifa, y operadores encargados de gestionar la percepción y distribución del dinero.
La audiencia del próximo miércoles marcará el inicio de una nueva etapa en esta causa que, por su volumen y relevancia institucional, es considerada una de las más significativas en la historia judicial de Entre Ríos. Fuente – Analidis Digital
SANTA ELENA DIGITAL-.
