El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, deberá resolver en los próximos días si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en la causa contra Víctor Adrián Godoy, exadministrador y apoderado legal de cuatro escuelas de gestión privada de la ciudad de Santa Elena dependientes del Arzobispado.
El imputado aceptó una condena de tres años de prisión condicional y el compromiso de devolución de 13,5 millones de pesos. El acuerdo fue celebrado entre el fiscal Gonzalo Badano y el defensor Ricardo Mulone, contando además con el consentimiento del abogado querellante, Leopoldo Lambruschini.
El «modus operandi» de la millonaria defraudación
Godoy estaba a cargo del manejo financiero de cuatro instituciones clave de la localidad del norte entrerriano:
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Nuestra Señora de la Esperanza
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Santa Lucía
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Torres Vilches
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Nuestra Señora de Fátima
Según la investigación penal, el exapoderado aprovechó su cargo estratégico para transferir fondos públicos destinados a la educación hacia sus cuentas personales. La pesquisa judicial, respaldada por medidas solicitadas por la fiscalía y la querella, logró reconstruir con exactitud el circuito del dinero desviado, determinando que el perjuicio económico total asciende a los 133 millones de pesos.
Los hechos investigados se extendieron en el tiempo, ocurriendo entre el año 2019 y agosto de 2024.
Rendiciones falsas y el auxilio del Arzobispado
La causa penal se inició formalmente tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), organismo que detectó graves irregularidades, rendiciones falsas y comprobantes apócrifos. La situación más crítica se concentró en la escuela Nuestra Señora de Fátima D-117, donde se simularon pagos previsionales que en realidad nunca se realizaron.
Esta maniobra delictiva dejó a los establecimientos educativos en una situación financiera límite frente a deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Para evitar el colapso institucional y que las escuelas quedaran desfinanciadas, el Arzobispado debió cubrir con sus propios recursos las millonarias sumas sustraídas.
El dato: De ser homologado el juicio abreviado por el juez Cánepa, se abrirá la puerta legal para que el Arzobispado pueda reclamar civilmente al imputado el resto del dinero defraudado.
LA PAZ DIGITAL-.
